Piden once años de inhabilitación a exalcalde de Cúllar por supuesta prevaricación administrativa
Está previsto que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada enjuicie este caso el próximo 11 de marzo
La Fiscalía ha pedido once años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público para el alcalde por IU en Cúllar, en la comarca de Baza de Granada, Alonso Segura, por supuesta prevaricación administrativa en la aprobación de una propuesta de tasa para asistir a la Escuela Municipal de Música.
Según detalla el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el 3 de noviembre de 2016, la Junta de Gobierno Local de Cúllar, "sin la tramitación de expediente y careciendo de competencia delegada por el Pleno", supuestamente acordó aprobar "la propuesta de aportación por asistencia a clases a la Escuela Municipal de Música".
Sería una "aportación voluntaria a cobrar a los alumnos de la referida escuela", con base a una ordenanza que no se aprueba hasta el Pleno del 27 de octubre de 2017.
Sin embargo, según el fiscal, antes, el 27 de abril de 2017, y sin haberse aprobado el reglamento de funcionamiento de la Escuela Municipal de Música, el acusado, sin antecedentes penales, como alcalde de Cúllar, supuestamente "indicó que el servicio se dejaría de prestar a quien no pagase la referida tasa", a pesar de la no existencia de la ordenanza "que permitiera su reclamación forzosa o coactiva".
También se habría dirigido en carta con membrete del Ayuntamiento de Cúllar a los alumnos "que no habían pagado, constando de nota escrita dirigida a los padres" con "la advertencia de darles de baja en clase" y "últimátum de pago el 21 de septiembre de 2017".
Como consecuencia de ello quedaron excluidos como alumnos del curso 2017/2018, "por no abono de la nueva tasa fijada como aportación voluntaria" los hijos, de varios denunciantes. Está previsto que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada enjuicie este caso el próximo 11 de marzo.
La Fiscalía acusa al procesado de un delito de tentativa de homicidio, por el que pide una pena de ocho años de prisión
