Declaran los cinco primeros investigados por el cierre de la cárnica de Cájar

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha tomado declaración en la mañana de este jueves como investigados a cinco de los cargos y funcionarios denunciados por la empresa cuya cárnica en Cájar, en el cinturón metropolitano, fue objeto de una alerta alimentaria en 2023 por un resultado laboratorial de presencia de listeria monocytogenes, y posteriormente clausurada. El próximo 28 de octubre están citados otros dos, entre ellos el delegado de Salud y Consumo de la Junta en la provincia, Indalecio Sánchez-Montesinos para declarar en esta misma investigación.

Todos están llamados a declarar como investigados para preservar sus derechos. Este jueves, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, los cinco citados continúan en libertad tras sus declaraciones y sin medidas cautelares. El día 28 había inicialmente previstas otras tres, si bien una de ellas se suspende tras el sobreseimiento de la investigación a uno de estos cargos, a petición de la Fiscalía.

Fuentes consultadas en la empresa por Europa Press resaltaron que en sus declaraciones de este jueves, en las que no ha participado la Fiscalía, los investigados respondieron a las preguntas de sus letrados pero se acogieron a su derecho a "no contestar" a las de la representación legal de la propiedad de la compañía, que confía en "la justicia que sea capaz de esclarecer las cosas".

Estas mismas fuentes cuestionaron los testimonios dados por inspectores y apuntaron que este jueves se cumplen dos años desde que la empresa está precintada y cerrada, sin haberse hecho caso a las directrices marcadas por la Subdirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en su videoconferencia del 9 de noviembre de 2023.

Desde la Junta, contra la que también fue la querella por posible responsabilidad civil subsidiaria, indicaron que el procedimiento llevado a cabo por la Delegación Territorial se realizó siempre dentro del marco de la responsabilidad respecto a la prevención y protección de la salud pública, cuidando tanto a los ciudadanos como a la garantía de las empresas.

La querella de la empresa, que cesó su actividad tras este episodio, se formulaba por presunta comisión de ilícitos como prevaricación, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos y delitos cometidos por funcionarios públicos contra derechos individuales. Además, se incluyen supuestos ilícitos de denuncia falsa, falso testimonio en causa criminal, coacciones y pertenencia a organización criminal.

Por otro lado, la Guardia Civil informó en noviembre de 2023 que abrió diligencias con dos investigados vinculados a esta empresa, sobre la que la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, emitió la alerta alimentaria y abrió expediente informativo tras detectar que productos fueron inmovilizados cautelarmente por el resultado laboratorial.

Fue a finales de octubre de 2023 cuando Salud emitió la alerta alimentaria tras el control oficial del Distrito Granada-Metropolitano sobre la puesta en mercado de productos inmovilizados. No constaron afectados en relación con esta alerta, aunque los productos fueron distribuidos en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, así como en un establecimiento en Islas Baleares.

Posteriormente, la Junta reforzó los controles en la cárnica, limitando inicialmente su actividad a tareas de mantenimiento industrial, tras detectarse presencia de listeria monocytogenes en algunos productos. La investigación continúa abierta y la empresa permanece clausurada. Esta situación evidencia la importancia de la supervisión sanitaria y la responsabilidad administrativa en crisis alimentarias.​