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Tribunales

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Le piden tres años y medio de cárcel tras ser sorprendido con cocaína y heroína en Motril

Audiencia Provincial de Granada
Audiencia Provincial de Granada

Al procesado también se le intervinieron 271 euros en diversos billetes y monedas procedentes del tráfico de drogas

15 de junio de 2019

La Fiscalía ha solicitado la pena de tres años y seis meses de prisión para un hombre que fue sorprendido en Motril (Granada) por la Policía Nacional con más de 350 euros en cocaína y heroína preparadas para su venta a terceros, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

El acusado, de 54 años, fue localizado en la tarde del 1 de abril de 2018 en la calle Antonio Pérez Cabrera de la localidad costera con 24 envoltorios encima que contenían 0,99 gramos de cocaína, con un valor de 205 euros, y otros 0,23 gramos de heroína valorados en 158 euros en el mercado ilícito.

Al procesado también se le intervinieron 271 euros en diversos billetes y monedas procedentes del tráfico de drogas. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide que sea condenado al pago de una multa de 500 euros. Los hechos serán enjuiciados el próximo 16 de julio en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.

 

Un abogado va este jueves a juicio acusado de quedarse con 9.000 euros de clientes

Audiencia Provincial de Granada
Audiencia Provincial de Granada

Fiscalía solicita para él la pena de tres años de prisión por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida, acusándolo también por una supuesta falsificación de documento privado.

12 de junio de 2019

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto celebrar este jueves un juicio contra un abogado de 46 años para el que la Fiscalía pide tres años de prisión acusándole de haberse quedado con 9.000 euros de unos clientes, a los que habría pedido este dinero "con la excusa de llegar, mediante pago, a un acuerdo con la entidad" que los había demandado.

Así consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, y que detalla que esta entidad reclamaba, en un proceso que se seguía en los Juzgados de Motril, un total de 11.743 euros a las dos personas que "contrataron lo servicios profesionales" del ahora procesado en septiembre de 2010.

Tras recibir 300 euros como provisión de fondos, el letrado pidió la cantidad de 9.000 euros, que recibió, para el supuesto acuerdo, en dos partes, una en mano de 3.000 euros el 5 de noviembre de 2010, y otra de 6.000 euros mediante transferencia bancaria el 2 de diciembre de ese mismo año.

Según el fiscal, "el acusado actuó mendazmente y con ánimo de lucro, pues ni destinó los 9.000 euros entregados al fin para el que los recibió, ni devolvió dicho importe a sus clientes", quienes, una vez concluido el procedimiento, en octubre de 2013, "vieron cómo seguía viva la deuda que aquellos inicialmente mantenían".

Después de ser denunciado, el procesado, "en el intento de acreditar" que los 9.000 euros le habían sido devueltos a uno de sus clientes, adjuntó un escrito privado de fecha 8 de enero de 2011 a modo de "carta de pago", en que este último "reconocía haber recibido la cantidad", previa "detracción de los honorarios profesionales".

El documento supuestamente había sido "confeccionado mendazmente por el acusado falsificando él la firma" del cliente. Por todo ello, el Ministerio Público solicita para él la pena de tres años de prisión por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida, acusándolo también por una supuesta falsificación de documento privado.

 

Aplazado a septiembre el juicio contra el exalcalde de Otura por supuesta prevaricación

Juzgados de La Caleta
Juzgados de La Caleta

El aplazamiento es a petición del procesado, que ha cambiado de letrado en este proceso, y lo fija para las 10,45 horas del próximo 25 de septiembr

12 de junio de 2019

El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ha señalado para el 25 de septiembre el juicio previsto inicialmente para este miércoles contra el exalcalde de Otura (Granada) Ignacio Fernández-Sanz (PP) por un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación de las obras de dos aulas en el colegio infantil Virgen de la Paz de la localidad sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

En una diligencia fechada este pasado martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado aplaza a septiembre el juicio a petición del procesado, que ha cambiado de letrado en este proceso, y lo fija para las 10,45 horas del próximo 25 de septiembre.

La Fiscalía ha solicitado para Fernández-Sanz nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, según consta en el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

El procedimiento se inició en virtud de una denuncia del Ministerio Público por unos hechos que se remontan a los meses de julio a septiembre de 2011, cuando el entonces alcalde supuestamente adjudicó a una empresa "de forma directa" y sin la preceptiva oferta pública las obras de construcción de estas dos aulas en el colegio de la localidad, que se presupuestaron en 85.196 euros más IVA.

La fiscal le acusa de hacerlo "sin seguir, a sabiendas", el procedimiento administrativo, que consistía en la elaboración de un proyecto de ejecución redactado por personal técnico y en el seguimiento de un procedimiento negociado sin publicidad.

Finalmente la obra se ejecutó en agosto de 2011 por la empresa adjudicataria por 70.509 euros que fueron abonados por el consistorio. El Ayuntamiento de Otura ejerce la acusación particular en este proceso, por el que el exalcalde fue procesado hace un año.

 

Fiscal pide archivo parcial de la imputación al alcalde por su actividad como delegado de la Junta

Francisco Cuenca, Alcalde en funciones de Granada (PSOE)
Francisco Cuenca, Alcalde en funciones de Granada (PSOE)

En la causa se investiga si existió una contratación irregular de personal externo para el desempeño de funciones de inspección en cursos de formación en Economía Social contratados en los años 2011 y 2012 por la Junta

11 de junio de 2019

La Fiscalía ha solicitado el archivo del presunto delito de usurpación de funciones públicas en la causa que se sigue contra el alcalde de Granada en funciones, Francisco Cuenca (PSOE), en un juzgado de Sevilla para determinar si en su etapa como delegado de Economía e Innovación de la Junta usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de las inspecciones para cursos de formación en Economía Social.

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla abrió una investigación contra Cuenca y otros ex altos cargos de la Consejería de Economía e Innovación a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación.

En la causa se investiga si existió una contratación irregular de personal externo para el desempeño de funciones de inspección en cursos de formación en Economía Social contratados en los años 2011 y 2012 por la Junta.

Tras la solicitudes de sobreseimiento realizadas por algunas de las defensas de los investigados, el fiscal trasladó el pasado marzo al juzgado el archivo de las actuaciones en relación con el presunto delito principal de la causa, el de usurpación de funciones públicas, según consta en el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Sobre las posibles irregularidades advertidas en la celebración de los contratos menores de servicios, el Ministerio Público cree que deberían ser investigadas, tras la deducción del oportuno testimonio, por los juzgados de instrucción de las provincias afectadas, a los que, según agrega, también corresponderá la valoración de la actuación de los contratistas.

El fiscal del caso ve así "innecesaria" la tramitación conjunta de la causa para el esclarecimiento de los hechos, que sin embargo sí supone "una excesiva complejidad y dilatación" atendiendo el número de investigados, de provincias afectadas y de diligencias a practicar.

El juzgado aún no se ha pronunciado tras esta petición de la Fiscalía, según han informado a Europa Press fuentes del caso, que Cuenca siempre ha enmarcado en una "cuestión administrativa" y ha desvinculado de la corrupción, incidiendo en que los delegados del ramo en aquel momento se limitaron a verificar unas instrucciones de la Dirección General para hacer un seguimiento de una serie de acciones formativas.

En el caso de Granada existía una contratación menor que "contaba con todos los informes preceptivos, con instrucciones de la Dirección General y en este caso de la Jefatura de Servicio", por lo que "evidentemente se le da trámite", según señaló a los medios el día que declaró como investigado por este asunto.

 

Juzgan este martes a empresarios acusados de estafar 118.000 euros a una promotora de viviendas

Audiencia Provincial de Granada
Audiencia Provincial de Granada

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa por el que pide cuatro años de prisión para los acusados y multas de 1.980 euros

10 de junio de 2019

La Sección Primera de la Audiencia de Granada acoge este martes el juicio contra varios empresarios acusados de estafar 118.646 euros en gastos ficticios a la empresa que les encargó la construcción de 30 viviendas unifamiliares en Málaga, hechos por los que se enfrentan a una petición fiscal de cuatro años de prisión.

En la provincia de Granada se realizaron tanto los contactos para el negocio como el acuerdo final que suscribieron en un contrato los acusados y los responsables de la empresa a la que estafaron, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

La promotora presuntamente estafada contrató con la mercantil de la que son dueños tres de los acusados la construcción de una treintena de viviendas en la zona conocida como pt-2 Atabal Este en Málaga. El cuarto acusado se encargaba de la contabilidad de la mercantil desde la que se llevó a cabo la estafa y el quinto encausado era el encargado de obra.

Concluida la obra, los cinco acusados decidieron presentar a la promotora una "doble contabilidad" con gastos que ya habían sido realizados y cobrados anteriormente. La empresa creyó que la reclamación era legítima y, según el relato del fiscal, les pagó 118.646 euros en gastos ficticios de tendido eléctrico, aire acondicionado, solería y alicatado, entre otros asuntos.

El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa por el que pide cuatro años de prisión para los acusados y multas de 1.980 euros.

 
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