UGT denuncia que Pinos Puente aboca a sus auxiliares de ayuda a domicilio a la precariedad laboral
El Sindicato advierte que va a estar vigilante para que tanto la empresa adjudicataria como el propio Ayuntamiento, como administración pública responsable del servicio, cumplan de forma íntegra la normativa laboral
Este jueves, 29 de julio, el Ayuntamiento de Pinos Puente, gobernado por IU-Ciudadanos de manera conjunta, y en una sesión plenaria en la que la oposición en bloque abandonó la votación, ha aprobado la resolución del concurso de contrato para la gestión de ayuda a domicilio, con unas condiciones socio laborales precarias para las auxiliares que prestarán este servicio público municipal.
Como han denunciado desde la Secretaría de Dependencia y Ayuda a Domicilio de Servicios Públicos (SP) de UGT Granada, el precio de 12,60€/hora que finalmente se ha establecido en el servicio público municipal, no sólo no cubrirá todos los costes laborales, como la aplicación del Convenio Colectivo y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si no que será incluso inferior al establecido por la Junta de Andalucía (14,60€).
Asimismo, denuncian desde UGT se ha valorado como positivo en el baremo del concurso que la empresa adjudicataria use los teléfonos particulares de las propias trabajadoras para comunicarles los servicios, horarios, etc., en vez de usar dispositivos corporativos de empresa, o que se haya puntuado de igual forma a una empresa que aplica el Convenio que a una que está dispuesta a pagar por encima de lo que este establece el mismo.
Lo que el equipo de gobierno de Pinos Puente debería haber promovido, señalan desde UGT, es la calidad del servicio, no sólo para los usuarios/as sino también para los trabajadores y trabajadoras que lo prestan. Sin embargo, ha optado por la opción “barata”, permitiendo que una empresa privada vaya a lucrase a costa de los derechos salariales laborales de la plantilla, y obtenido lo que debería ser su legítimo beneficio directamente del de los costes salariales de las trabajadoras
Por eso, el Sindicato advierte que va a estar vigilante para que tanto la empresa adjudicataria como el propio Ayuntamiento, como administración pública responsable del servicio, cumplan de forma íntegra la normativa laboral a la que están obligados, ya que estanos hablando de un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía.
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