El juez prorroga otros 12 meses la investigación por supuestas irregularidades en TG7
En esta causa están investigados el concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes, la empleada pública que ejerció funciones de directora en la televisión en aquel momento y el que fuera responsable de la productora
El Juzgado de Instrucción 6 de Granada ha acordado prorrogar por otros 12 meses el plazo de instrucción de la causa sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en la televisión municipal de Granada (TG7) durante la anterior etapa de gobierno local del PP.
El auto, de fecha 5 de marzo y contra el que cabe recurso, acuerda una nueva prórroga después de la que, hace un año, decidió el mismo juez por 12 meses, tras la declaración de la complejidad de la causa el 13 de junio de 2018, y que expiraba inicialmente el 19 de marzo de 2019.
En esta causa están investigados el concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes, la empleada pública que ejerció funciones de directora en la televisión en aquel momento y el que fuera responsable de la productora con la que se contrataron servicios.
Ahora "resulta indispensable la culminación de la fase de instrucción con la ultimación de las diligencias de investigación aún pendientes", las cuales son "sin duda esenciales para cumplir la finalidad" de la misma, según detalla el auto, consultado por Europa Press.
La prórroga se produce a petición de la Fiscalía, y la acusación popular ejercida por Vamos Granada, que ha destacado en una nota de prensa la importancia de que el Ayuntamiento lleve el caso al Tribunal de Cuentas para que este órgano de control "pueda investigar la responsabilidad contable" y que "sean quienes cometieron las irregularidades quienes asuman sus consecuencias, y reparen el perjuicio causado a las arcas públicas".
Vamos Granada ha hecho hincapié en que la prórroga puede suponer el esclarecimiento de un asunto en el que "está en juego cerca de un millón de euros de dinero público, además de la confianza en los mecanismos de fiscalización y control económico de la Administración municipal".
La formación ha destacado asimismo la necesidad de que se investigue también la responsabilidad contable, que es competencia del Tribunal de Cuentas, y al que sólo la Administración afectada --el Ayuntamiento en este caso-- puede llevar el asunto. "Se trata de casi un millón de euros de dinero público, no se puede mirar para otro lado", ha declarado la ex edil por Vamos Granada Marta Gutiérrez, denunciante del caso y personada en la causa penal como acusación popular.
INFORME "EN CURSO"
En la investigación penal, se espera un informe solicitado por la acusación pública, que "se encuentra en curso" y en la que "el perito designado ha señalado demoras y faltas en el envío de documentación e información requerida a la productora", ha informado la formación.
La Fiscalía acordó en febrero de 2018 denunciar los hechos al Juzgado a raíz de la denuncia que presentó en diciembre de 2017 Vamos Granada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Lo hizo al entender que el concejal Juan Antonio Fuentes (PP) supuestamente contrató en 2015 servicios complementarios al contrato de grabación que había en TG7 "sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público", sin respaldo presupuestario y eludiendo los controles y la Intervención municipal. Todo ello con un posible perjuicio económico a las arcas municipales de 864.121 euros.
Fuentes declaró en mayo del año pasado por este asunto ante el Juzgado, donde defendió la legalidad del procedimiento que siguió para la contratación de servicios extra en TG7, así como del convenio que firmó en julio de 2015 para "reducir la deuda" que existía en esta materia, incidiendo en que ningún funcionario puso "reparos" o alertó de posibles ilegalidades.
No ha quedado demostrado que fuera consciente de que firmando las distintas facturas emitidas por esta productora a consecuencia de los servicios complementarios prestados
Se le acusa de supuestas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en TG7
