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El PP acusa a la Junta de aportar una cifra “más que ridícula” a la asistencia personal

“En Andalucía, a finales del año 2016, sólo la recibían nueve personas, mientras que en el País Vasco llega ya a 4.500”, recuerda

El grupo popular en el Parlamento de Andalucía ha reclamado a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta que apueste “de manera decidida” por garantizar la asistencia personal para quienes padecen algún tipo de diversidad funcional, y que se acabe así con su “discriminación y exclusión social”.

El parlamentario granadino Vicente Valero ha interpelado en ese sentido a la consejera, María José Sánchez, a la que ha reprochado el “escaso esfuerzo” que está realizando el Ejecutivo andaluz en este sentido, a pesar de que dispone de herramientas útiles como el Programa de Vida Independiente, aprobado por unanimidad en el año 2013 pero que no comenzó a aplicarse hasta 2015, con un programa piloto que sólo contó en ese año con un presupuesto de 150.000 euros y con el que se atiende únicamente a nueve personas en Andalucía. Mientras, en comunidades, como el País Vasco, la asistencia personal ya la reciben 4.500 personas. “Y ese es un dato reconocido por la propia consejera”, ha matizado.

Además, ha criticado que desde que se puso en marcha ese programa piloto en 2015 no se ha avanzado nada más, pese a que los afectados de grandes discapacidades lo demandan “porque es la mejor solución en los tiempos actuales, mucho más que las fórmulas tradicionales de privar de libertad a estas personas derivando a residencias a los pocos que tienen la suerte de lograr una plaza”.

Vicente Valero ha demandado “un cambio de modelo” que reconozca a las personas con diversidad funcional como “sujetos de derecho” y que se destierre de una vez “la idea del paternalismo benéfico y la caridad” que ha caracterizado las políticas en este campo.

La dotación económica es “a todas luces insuficiente”, ha indicado Valero, que ha traído a colación que hay estudios especializados, como el que presentó en el Parlamento Coral Hortal, presidenta de la Asociación de Vida Independiente Andalucía, que demuestran que la asistencia personal “genera un importante retorno social, ya que se estima que por cada euro invertido, se retornan a la sociedad 3,62 euros de impactos sociales y económicos”. Además, ha agregado, la asistencia personal “incide en el crecimiento de la salud física y emocional y la disminución del gasto sanitario producido por esas personas”.

Vicente Valero se ha referido asimismo a los “obstáculos” que deben afrontar quienes, como la citada asociación Vida Independiente, demandan la asistencia personal. “Se les obliga a acogerse a una subvención insuficiente para sus necesidades y con la que tienen que afrontar varios gastos, incluida la Seguridad Social, en lugar de destinar una partida presupuestaria que diera el pago directo. La entidad se ve obligada a convertirse en prestadora de servicios y la junta directiva debe asumir la gestión laboral y económica del proyecto”, ha enumerado, para a renglón seguido afirmar que eso tampoco es nada nuevo. “Son cuestiones familiares cuando hablamos de la compleja relación económica entre la Junta y los cientos de entidades e instituciones que trabajan al servicio de las personas con discapacidad”.

El diputado autonómico ha abogado abiertamente por “resolver todas esas trabas” si de verdad se quiere ofrecer “un servicio digno, de calidad y que no esté a expensas de las dificultades presupuestarias que debe haber”. A su juicio es “indispensable” apostar por esa “línea de garantía de derechos reales”, que desde luego no es viable “con 150.000 euros de presupuesto y nueve personas atendidas, una cifra que va más allá de lo ridículo”.

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