GRANADA es noticia
La casa de las mamparas
Publicidad

Pilar Rivas denuncia que una vez más el Ayuntamiento vuelve a optar por la precariedad laboral

La Concejal no adscrita critica al consistorio por su trato trabajadores del Teatro Isabel la Católica

Pilar Rivas, Concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Granada

La Concejala de Equo Granada Verdes exige al Ayuntamiento que rescate el servicio, genere una oferta de empleo pública y que permita que estos trabajadores concurran a dicha oferta poniendo en valor la experiencia desempeñada en sus puestos, amén de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de confirmarse por un juez las indicaciones del Informe de Inspección.

Aunque nada hemos vuelto a oir de ningún partido ni por supuesto del Equipo de Gobierno desde la movilización de los trabajadores el pasado mes de septiembre, lo cierto es que estos están en la calle, despedidos y la mayoría sin indemnización, después de 20 años de servicios prestados al Ayuntamiento.

Hemos tenido conocimiento de que el pasado mes de diciembre (seis meses después de la denuncia) la inspección de trabajo le ha dado la razón a los trabajadores del Teatro Isabel la Católica. Esto confirma que el Ayuntamiento ha vuelto, una vez más a optar por la precarización laboral de sus trabajadores pero también confirma la necesidad de los Pactos de Integridad en la contratación pública municipal propuesto en estos días por la Concejal de Equo Granada al Equipo de Gobierno.

Estuvo en sus manos hacerlo bien pero optaron por hacerlo a la manera “tradicional” con un expediente lleno de irregularidades, que vulneraba los derechos fundamentales de los trabajadores y que precariza los servicios públicos, expone Rivas.

Es histórica la demanda de los sindicatos empezando por Comisiones Obreras pero a la que se han sumado en estos años todos los demás, de la necesidad de que los trabajadores del Teatro fueran trabajadores municipales y para ello debieron sacar oferta de empleo público, porque estaban cumpliendo de manera regular funciones estructurales del servicio, algo que uno y otro gobierno han preferido ignorar con el único fin de abaratar costes. Pero el informe de la Inspección de Trabajo tras el despido de estos trabajadores y la consecuente denuncia confirma que además se han incurrido en una serie de irregularidades graves que serán llevadas al Juzgado.

El Equipo de Gobierno ha tenido una ocasión de oro para hacer las cosas bien, recoger la oferta de los sindicatos y proteger a los trabajadores pero no solo no lo hace, sino que los deja vendidos obedeciendo a los intereses de la empresa de abaratar costes, cometiendo irregularidades que hoy señala la inspección de trabajo y dejando en evidencia el buen gobierno que los Granadinos merecen.

El informe señala que ha podido haber una sucesión ilegal del contrato, entre EG Linea Cultural y RCK S.L , señalando el incumplimiento de los requisitos que la Ley de Contratos del Sector Publico exige. El art. 214 de la LCSP señala que se necesita la autorización del ayuntamiento algo que no ocurre hasta el 19 de Enero en Junta de Gobierno Local, cuando la cesión privada del contrato ocurre en agosto, con un Acuerdo de Gobierno en el que se solicita Escritura publica de la cesión requisito previo para dar esa autorización y que por lo tanto no estaba en su poder. Además debía estar ejecutado más del 20% del contrato, cosa que tampoco ocurre. El acuerdo de la Junta de Gobierno expone además que autoriza la cesión teniendo en cuenta el informe del órgano de contratación, que al no tener la documentación completa no debía ser favorable.

Solo hay una salvedad a estos requisitos y es que la empresa estuviera en liquidación, cosa que no ha sido así al menos hasta diciembre de este año. Así que un Ayuntamiento que debía vigilar la actuación ejemplar de las empresas que les prestan servicios públicos permite no solo una cesión ilegal del contrato sino el despido de unos trabajadores con los que llevaban trabajando 20 años. Y todo ello con un contrato de servicio que incumple el art. 43 del Estatuto de los Trabajadores, por ser precisamente estos trabajadores la obligación principal del adjudicatario, es decir lo único que daba entidad al contrato entre el Ayuntamiento y la empresa.

Por todo esto desde Equo consideramos que el contrato con RCK es nulo de pleno derecho y los derechos laborales de estas personas deben ser restituidos, el Ayuntamiento es responsable de buscar los mecanismos jurídicos necesarios para ello. Además Rivas solicita el rescate del servicio poniendo en valor la experiencia de estos trabajadores al mismo tiempo que la igualdad de acceso al empleo público tal y como llevan años pidiendo los sindicatos.

Acerca del autor

Artículos relacionados

Deja un comentario

You must be logged in to post a comment.