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IU Padul acude al Defensor del Pueblo Andaluz para reclamar el encauzamiento de la rambla Los Alcarceles

La coalición de izquierdas pide a Jesús Maeztu que inste al gobierno andaluz a cumplir el decreto por el que se dice que la actuación en la rambla es de “máxima prioridad”

Emilio José Santiago Morales, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Padul, ha enviado una carta al Defensor del Pueblo Andaluz con objeto de poner en conocimiento de esta figura la situación “de riesgo de inundaciones” que sufre el municipio a causa de la falta de encauzamiento de la rambla que atraviesa la avenida principal de Padul. Una reivindicación que tanto los vecinos y vecinas como la formación de izquierdas llevan reclamando desde hace años.

En esta carta, el edil de IU explica a Jesús Maeztu que en 2002 se publicó en el BOJA el decreto 189/2002, en el que se aprueba el plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos. Un plan para el que se proyectaron 1200 millones para el conjunto de Andalucía, de los que 7,5 millones se destinarían a Padul. Además, según el decreto, la vigencia del plan era de 2002 a 2015, con lo que Emilio José Santiago critica que la Junta “ha tenido 13 años para ejecutar el plan y no lo ha hecho”. Desde IU han sido varias las veces en que se ha alertado de esta situación públicamente y ante el Parlamento de Andalucía, aunque “sin una respuesta efectiva que se traduzca en el definitivo encauzamiento que reclamamos”, mantiene Santiago.

El edil argumenta que esta situación se agrava porque la rambla de los Alcarceles está catalogada en el propio decreto como A1 “que es la máxima prioridad de ejecución debido al encauzamiento deteriorado, la elevación del nivel de base por acumulación de depósitos, la insuficiente sección del cauce y el nivel no encauzado”. Asimismo, se trata de una infraestructura de interés para la comunidad.

Por otro lado, el concejal indica que solo se ha actuado “de forma extraordinaria y puntual en el que cauce tras sufrir daños por inundaciones, pero se trata de actuaciones paliativas que, en ningún caso, resuelven el problema estructural”. IU mantiene que la conservación y limpieza de los cauces corresponde a la consejería de Medio Ambiente, y que esta ha obviado sus funciones.

Por todo ello, IU pide al Defensor del Pueblo Andaluz que inste al gobierno andaluz a cumplir el decreto 189/2002; que se reclame información sobre el estado de ejecución del plan en otros municipios andaluces, “y en caso de no haberse llevado a cabo, que igualmente se inste a su ejecución”, y que se proceda “en la forma legal que le sea posible” ante el incumplimiento del mencionado decreto.

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