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Vamos, Granada se persona como acusación popular en el caso Emucesa

Marta Gutiérrez ha explicado que este caso es especialmente sangrante ya que se trata de un posible delito de malversación de caudales públicos

Marta Gutiérrez a la salida de los juzgados

Marta Gutiérrez, concejal de Vamos, Granada afirma que se debe ejercer la acción judicial hasta el final, ya que Granada necesita un cambio para avanzar, y sólo se podrá conseguir limpiando nuestro consistorio de cualquier sombra de corrupción, además de recuperar el patrimonio perdido, malvendido o malversado que es propiedad de todos. “Si se han cometido ilegalidades, no deben quedar impunes”

La edil ha explicado que este caso es especialmente sangrante ya que se trata de un posible delito de malversación de caudales públicos donde se pagaron unos 300.000€ de dinero público que salía de lo que los granadinos pagan por los servicios del cementerio, a cinco personas que no habrían aparecido por la empresa, y que según el informe del gerente, la propia empresa no tiene constancia de que hayan realizado ningún trabajo.

La concejal ha presentado también un escrito para que se incluya en el Orden del Día de la Comisión de Presidencia un punto para tratar y acordar la personación del Ayuntamiento como acusación en los casos de las facturas irregulares de TG7, de las contrataciones irregulares de Emucesa y de la venta de Casa Ágreda, procedimientos abiertos en la jurisdicción penal que afectan a los intereses públicos y de este Ayuntamiento, al objeto de defenderlos; “Lo hemos pedido ahora formalmente porque quien tiene que acordarlo es la Comisión de presidencia, y no se puede dejar pasar más tiempo. Vamos, Granada se ha personado porque el procedimiento ya se ha iniciado, hay fijadas fechas para declaraciones, es un momento clave, y vamos a estar ahí para defender el interés público, al menos mientras no lo haga el Ayuntamiento”. La edil ha recordado que después de la experiencia de Casa Ágreda, saben de la importancia de que haya una acusación popular vigilante, ya que se consiguió que el caso se reabriera gracias al recurso puesto por la acusación popular, después de que el Juez ordenara el archivo del caso antes incluso de haber recibido los resultados de su propia investigación.

En este punto, Baldomero Oliver ha respondido en la Comisión que la solicitud no era necesaria, porque el Ayuntamiento se persona automáticamente en aquellos procedimientos que afectan al interés de la corporación, y Marta Gutiérrez le ha recordado que la causa de Casa Ágreda lleva más de un año abierta sin que el equipo de gobierno haya hecho nada por personarse en defensa del interés público. “El PSOE tiene que demostrar que no son cómplices en estas prácticas, y para ello tienen que actuar en defensa de los intereses públicos y de la corporación, algo que hasta ahora han eludido. Nosotros actuamos en los juzgados, que es donde se responde de acciones que pueden tener un alcance tan grave como este”.

Vamos, Granada ha recordado que este caso además tiene unas peculiaridades que lo hacen especial. Los dos consejeros que realizaron los contratos se han auto denunciado ante el juzgado, y sostienen que el informe del gerente de Emucesa está manipulado, pero no han dado ninguna explicación sobre cuál fue la labor que realizaron sus asesores y por qué nunca aparecieron por la empresa; mientras que una de las personas contratadas de las que no consta que hubiera realizado ningún tipo de trabajo para la empresa, ha devuelto la totalidad del dinero percibido, los 16.836 euros que cobró por el trabajo que no llegó a realizar, lo que supone de facto un reconocimiento de culpabilidad.

Por otro lado, Marta Gutiérrez ha recordado que la responsabilidad penal no está prescrita para ninguno de los dos consejeros delegados, porque para un delito de malversación de caudales públicos, tal como dice el informe del asesor jurídico de la empresa, el plazo de prescripción es de 10 años; sin embargo, la responsabilidad civil para el primero de los consejeros sí ha prescrito, por lo que la única vía para reclamarle su posible responsabilidad es la vía penal. Para el caso de la segunda consejera delegada la responsabilidad civil prescribe en diciembre de este año, por lo que Vamos, Granada ha solicitado en el Consejo de Administración de EMUCESA, y también al equipo de gobierno, que estudie vías de reclamación de la responsabilidad civil que eviten la prescripción.

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