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Cs demanda que los funcionarios de prisiones puedan tener consideración de autoridad pública

La parlamentaria granadina Concha Insúa llevará al Parlamento andaluz una PNL con el objetivo de “reducir las acciones violentas hacia el personal penitenciario y mejorar sus condiciones de salud y seguridad”

Redacción | 9 de junio de 2019
Concha Insúa, parlamentaria Andaluza de Cs (CS)
Concha Insúa, parlamentaria Andaluza de Cs (CS)

La parlamentaria granadina de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía Concha Insúa ha avanzado la iniciativa con la que su formación instará al Gobierno de España para que los funcionarios de prisiones tengan la consideración de autoridad pública durante el ejercicio de sus funciones con el objetivo de “mejorar sus condiciones de salud y seguridad” y de “reducir las acciones violentas hacia el personal penitenciario”.

“Actualmente no existe un protocolo que establezca medidas de carácter preventivo ante las posibles situaciones violentas y agresiones a los funcionarios de prisiones ni existe un sistema sancionador y disciplinario claro para los agresores”, ha aseverado Insúa, quien ha expuesto los datos publicados por el Ministerio del Interior y Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias  (ACAIP) relativos al periodo comprendido entre 2011 y 2016 y que sitúan en Andalucía a siete de los diecinueve centros penitenciarios donde se producen más actuaciones violentas.

La parlamentaria granadina de Ciudadanos ha explicado que, entre esas situaciones violentas se encuentran más de 2.100 agresiones padecidas por el personal penitenciario en todo el país, una cuarta parte de ellas en Andalucía. “Queremos atender a una larga reivindicación por parte de los colectivos de funcionarios de prisiones, que aseguran que muchas de las agresiones que han sufrido en su lugar de trabajo se habrían podido evitar si hubiesen estado reconocidos como agentes de la autoridad”, ha señalado Insúa, quien llevará próximamente al pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) instando al Gobierno central a la modificación de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, de 26 de septiembre.

Junto a esto, la parlamentaria también ha denunciado la falta de medios de autoprotección adecuados con los que cuentan los funcionarios de prisiones durante el ejercicio de sus funciones, además de la deficiente tasa de reposición de efectivos, “dos elementos que, de reforzarse, frenarían considerablemente el número de agresiones”.

 

 
 
 
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