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El exalcalde socialista de Castril, a un paso del juicio por posible prevaricación y malversación

En la causa también están investigados por los mismos delitos la arquitecta municipal y el secretario en el momento de los hechos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar ha transformado en procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (PSOE), dejándolo a un paso del juicio por un posible delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos por la adquisición de un inmueble que hizo el Ayuntamiento durante su época como alcalde supuestamente “eludiendo” la legalidad y pagando más de su valor.

En la causa también están investigados por los mismos delitos la arquitecta municipal y el secretario en el momento de los hechos, que se remontan a 2008, según consta en el auto de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press. Con este paso, el Juzgado da por concluida la instrucción y da traslado a las partes para que formulen sus escritos de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.

El Ayuntamiento de Castril, ahora gobernado por Nuevo Castril, ya lo ha hecho; y solicita para el exalcalde y los otros dos procesados la pena de seis años y un día de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante diez años; así como una indemnización al Ayuntamiento de Castril por lo supuestamente sustraído.

El Juzgado expone que López Ródenas, en su condición de alcalde y “eludiendo el procedimiento legalmente establecido”, dictó un decreto de Alcaldía el 25 de julio de 2008 dando luz verde a la adquisición de este local anexo al Consistorio pagando al contando 95.294 euros, lo que considera una “sobrevaloración” a tenor de los informes que obran en las actuaciones.

Concretamente, un informe emitido por un arquitecto técnico fija el valor de mercado en 52.347 euros y otro de la perito judicial ha valorado el inmueble en 26.040 euros.

En este decreto se hace constar la valoración favorable de la arquitecta municipal y el informe del secretario –ambos investigados en la causa–, aludiendo a que 81.000 euros serían financiados por la Consejería de Gobernación a través de una subvención y 14.294 euros serían de aportación municipal.

Aunque el Ayuntamiento justificó la adquisición del nuevo local en la necesidad de “mayor espacio para oficinas y dependencias municipales” para la prestación de servicios públicos, la titular del Juzgado precisa que “no se ha dado ese uso en ningún momento al inmueble”, todo ello, según agrega, con el correspondiente perjuicio a las arcas públicas debido a la sobrevaloración.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ayuntamiento acusa al exalcalde socialista de “aprovechar” una subvención autonómica de 95.294 euros para, “ideando una fórmula para lucrar al padre del secretario de Organización del PSOE en Castril”, adquirir un local en bruto por el límite de la ayuda, a pesar de tener el inmueble un valor de mercado “casi una quinta parte inferior”.

El Ayuntamiento de Castril, representado por el abogado Rafael Revelles, solicita también que se dé traslado de las actuaciones a la Consejería de Gobernación por si quisiera personarse en el proceso al entender que es parte perjudicada, pues la subvención era suya.

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