El delegado de Salud de la Junta defiende la legalidad del cierre de la fábrica cárnica en Cájar
Indalecio Sánchez Montesinos declara en sede judicial que el proceso de inspección siguió la normativa para proteger la salud pública tras la alerta alimentaria
El delegado de Salud y Consumo de la Junta en Granada, Indalecio Sánchez Montesinos, ha defendido este martes ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada la legalidad del proceso de inspección que provocó el cierre de una fábrica cárnica en Cájar, en el cinturón metropolitano. La empresa fue objeto de una alerta alimentaria en 2023 tras detectarse en laboratorio la presencia de listeria monocytogenes en algunos de sus productos.
Tras declarar junto a otros seis cargos y técnicos como investigados, Sánchez Montesinos explicó que el proceso de inspección se realizó conforme a la normativa vigente, atendiendo a la prioridad fundamental de la Administración de proteger la salud pública, un ámbito especialmente sensible tras la crisis sanitaria de la covid-19. El delegado subrayó el privilegio que supone para él estar en servicio público y destacó el trabajo "excelente" del equipo de la Delegación de Sanidad y el Servicio Andaluz de Salud en esta materia que afecta a todos los ciudadanos.
El caso se encuentra en fase de instrucción y hasta ahora ninguno de los investigados ha recibido medida cautelar. En declaraciones previas, fuentes vinculadas a la empresa cuestionaron las testimoniales de los inspectores y criticaron que la fábrica permanece cerrada desde hace dos años, sin que se hayan aplicado algunas directrices señaladas por la Subdirección General de Salud Pública de la Junta.
La querella interpuesta por la empresa, que cesó su actividad tras este episodio, acusa a varios funcionarios de delitos como prevaricación, falsedad documental, coacciones y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil mantiene diligencias abiertas relacionadas con esta investigación, que incluye un expediente informativo y una alerta alimentaria emitida para inmovilizar los productos afectados, distribuidos en varias provincias andaluzas y Baleares.
La Junta ha reafirmado que todas las actuaciones realizadas se efectuaron bajo el marco normativo para la protección de los ciudadanos y la garantía para las empresas, reforzando los controles en la fábrica y limitando inicialmente su actividad para preservar la seguridad alimentaria.
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