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Técnico niega que el gobierno local evidenciara necesidad de favorecer a la ONG de la Casa Ágreda

También ha declarado que ni el entonces alcalde, José Torres Hurtado (PP), ni nadie de su equipo influyeron “bajo ningún concepto”
El que fuera jefe de Servicios de Obras Privadas del Ayuntamiento de Granada, que ha declarado este lunes como investigado en la causa sobre la supuesta cesión irregular de la Casa Ágreda, ha garantizado que “en ningún momento” durante la tramitación del expediente se evidenció por parte del equipo de gobierno (PP) la necesidad de favorecer la concesión a la ONG a la que finalmente se le cedió el inmueble.

Este técnico también ha declarado que ni el entonces alcalde, José Torres Hurtado (PP), ni nadie de su equipo influyeron “bajo ningún concepto” en él con ese objetivo y que tuvo conocimiento de este expediente “una hora antes de confeccionar su informe”, por lo que defiende que no tuvo intervención alguna en el mismo, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Este exjefe de Servicios ha abierto este lunes la nueva ronda de declaraciones fijada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, después de que la Audiencia de Granada reabriera el caso el pasado verano.

En su declaración ante el juez, ha dicho que no le consta que hubiese un cambio competencial “expresamente” para tramitar el expediente de la Casa Ágreda ni que el entonces concejal de Patrimonio Eduardo Caracuel expresara objeciones a la tramitación del expediente.

Ha sido preguntado sobre este asunto a raíz de que la Audiencia considerara en su momento necesario aclarar si se pretendió apartar a Caracuel de la tramitación del expediente por no ser partidario de la opción elegida para la cesión del inmueble, si bien el investigado ha matizado que el área de Urbanismo ha tramitado “multitud” de expedientes similares y también patrimoniales.

Ha relatado que la rehabilitación del inmueble era el objetivo del pliego de condiciones, con la condición de invertir unos 5,9 millones de euros y el incumplimiento de la ejecución de las obras estaba estipulado como causa de resolución del contrato.

Ha incidido en que al examinar el expediente observó que era “un expediente normal” y que al ser la de la ONG la única oferta que se presentó “no había más remedio que darle la máxima puntuación” en tanto que también “cumplía los requisitos” que a él le competía analizar, entre los que no se encontraba la solvencia económica de la entidad.

Después de él ha declarado como testigo la actual directora general de Urbanismo, que actuó como secretaria de la Mesa de Contratación en su momento, la cual también ha descartado que por parte del equipo de gobierno o de los miembros de la mesa se evidenciara la necesidad de favorecer a la ONG. La previsión es que el resto de investigados y testigos declaren este miércoles y el jueves en el juzgado.

PIDEN QUE SE GRABEN LAS DECLARACIONES
Las acusaciones populares ejercidas por el empresario Ramón Arenas y Vamos Granada han solicitado al inicio de la sesión que se grabaran las declaraciones, si bien el Ministerio Fiscal, las demás partes y el magistrado no lo han considerado necesario, lo que ha motivado que el letrado de Arenas haya salido de la sala.

Ramón Arenas ha presentado un escrito al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Granada poniendo de manifiesto que no se ha hecho esta grabación y pidiendo certificación de que existían salas para ello.

El juez instructor ha puesto de manifiesto por su parte la necesidad de practicar en el momento más breve posible las diligencias de investigación ordenadas por la Audiencia y en su “mérito conjurar y evitar cualquier tipo de dilación en la práctica de las mismas”.

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