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El PP exige que se termine de rehabilitar el edificio del Banco de España para acabar con la dispersión de fiscales y funcionarios y poner fin al “despilfarro” de dinero público

El portavoz adjunto del grupo municipal en Granada, Antonio Granados, acusa a Cuenca de “pasividad” y le exhorta a que “deje de ser una marioneta de su partido y defienda de una vez los intereses de la ciudad”

Antonio Granados y Juan Ramón Ferreira han comparecido ante los medios

El Partido Popular ha denunciado la situación del edificio que alberga la Fiscalía Superior de Andalucía, un inmueble que en el pasado fue sede del Banco de España, que ahora es propiedad de la Junta y que, pese a las promesas de la administración autonómica, no está totalmente rehabilitado. De hecho, tres cuartas partes del mismo están vacías y no se les da ningún uso.

El parlamentario Juan Ramón Ferreira ha resaltado que, por ley, la Junta tiene “la obligación legal” de velar por su total rehabilitación y por conservarlo en perfecto estado al tratarse de un edificio calificado, cosa que está claro que no ocurre. “Hay muchísimos metros cuadrados desaprovechados y, mientras tanto, los fiscales están desperdigados por hasta cinco sedes judiciales sólo en la ciudad de Granada, cosa que no es operativa y genera gastos. Sería mucho más coherente tenerlos a todos concentrados aquí, propiciando además el traslado de la Fiscalía Provincial”, ha afirmado.

Con todo, eso no es lo peor. Más grave es que, mientras la mayor parte del edificio está vacía y mientras dos plantas del edificio judicial de La Caleta, propiedad también de la Junta, tampoco están ocupadas, este organismo público “dilapida” mil euros diarios de dinero público en alquileres.

“Eso es insostenible y por eso exigimos a la Consejería de Justicia que se tome de una vez en serio a Granada y que aproveche lo que es nuestro, en lugar de despilfarrar el dinero de los andaluces”, ha añadido Ferreira.

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo municipal en Granada, Antonio Granados, ha anunciado que el PP presentará una solicitud de información en el ayuntamiento, en la que reclamará al gobierno local que dé instrucciones a los técnicos de Urbanismo para elaborar un informe que recoja la situación del edificio en su parte no rehabilitada. De esta forma, el ayuntamiento “vigilará” si la Junta está “velando por el eficaz mantenimiento, conservación y rehabilitación de un edificio de su propiedad y declarado Bien de Interés Cultural, porque de lo contrario estaría incumpliendo la Ley de Patrimonio Andaluz”.

Granados ha lamentado que el antiguo Banco de España no sirviera en su día para albergar el Museo de Granada, “porque lo veíamos importante para una ciudad turística y porque sería así incluido en un triángulo cultural junto al Museo Catedralicio y el José Guerrero”. Pero, ha añadido, tampoco se le dio el uso que decidió la Junta. “Se suponía que iba a ser un espacio para la formación de fiscales, pero con el tiempo se ha visto que del dicho al hecho hay un buen trecho”.

Asimismo, los populares presentarán en el pleno una moción en la que demandarán que, dentro de los presupuestos no provincializados de la Junta para Granada, se incluya una partida que permita la total rehabilitación del edificio de la Fiscalía Superior. Además, exigirán al alcalde, Francisco Cuenca, que deje de ser “una marioneta de su partido y de los intereses de Sevilla, que abandone su “actitud de pasividad” y que “defienda de una vez a su ciudad”.

“EL ALCALDE MIENTE DESCARADAMENTE SOBRE EL IBI”

Por otra parte, Granados ha acusado al alcalde de “mentir descaradamente” al difundir que si el IBI sube en Granada, es responsabilidad del Partido Popular. El portavoz adjunto ha recordado que las ordenanzas fiscales en vigor, que contemplan esa subida, fueron aprobadas en diciembre de 2016 “con los votos favorables del PSOE”.

Además, ha puesto el acento en que, en el pleno del pasado martes, el PP votó en contra de las nuevas ordenanzas que proponía el equipo de gobierno “porque contemplaban una subida lineal del 3% en el IBI, lo que unido a la desaparición del 5% de bonificación por domiciliación, significa un incremento del 8%. Nosotros nos negamos a ello e hicimos una propuesta alternativa, pero chocamos contra la falta de diálogo del PSOE

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