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Pilar Rivas sigue manteniendo la responsabilidad de AVRA y al Ayuntamiento como responsables de la situación de familias vulnerables

La concejal no adscrita señala la enorme vulneración de derechos especialmente infringidas contra mujeres solas con cargas familiares corroborada in situ con las personas afectadas

Tras el anuncio de nuestra intención de elevar la documentación a la Fiscalía para su estudio y que se adopten las medidas oportunas para subsanar las enormes irregularidades que están atentando, no ya contra el derecho a la vivienda, sino contra el derecho a la vida e integridad de las personas que residen en el distrito, y especialmente contra mujeres solas con hijos menores, que son en su mayoría las escasas adjudicatarias reales de vivienda pública, los responsables de la Agencia de Vivienda se ponen en contacto conmigo interesados en ofrecer la información que necesitáramos bajo el supuesto de demostrar que están cumpliendo con su acometida. Pero este objetivo no solo no vino a satisfacer nuestras preguntas, sino más bien al contrario, a corroborar la falta de actuaciones que entendemos obligatorias, para cumplir con su competencia en materia de vivienda y a la hora de preservar el derecho a la vivienda en condiciones de seguridad.

Fondos Europeos para la rehabilitación de 3,5 millones de euros del año 2015 o su programa estrella de recuperación de vivienda pública, de la que presumen de la recuperación de 2 viviendas de las que hace cinco años que conocen su uso no residencial, el mismo discurso de siempre la responsabilidad “en cualquier caso es de la Consejería o del Ayuntamiento pero nunca de ellos”. Ni un solo documento al referido como Plan Renove en los medios de comunicación; ni evaluación, ni datos, ni diagnostico, ni hoja de ruta, ni presupuesto, ni profesionales asignados. Ni un solo dato nos ofrecieron manifiesta Rivas.

Ningún dato relativo a la captación de vivienda para ampliación del Parque Público, competencia de la Agencia, ningún dato relativo a denuncias por comisión de delito que están bajo su conocimiento y obligados a denunciarlos, ningún dato sobre la coordinación con Endesa o con la Policía Nacional para el desarrollo de sus funciones de inspección; ningún dato sobre familias vulnerables atendidas o que hayan manifestado demanda de reubicación por presiones o amenazas de los vecinos. Ninguna reunión con la judicatura ni coordinación alguna, cualquier pregunta realizada nos remitieron a solicitarla por escrito. Y así lo haremos, afirma la Concejala.

Y nadie en dicha reunión que pudiera informarnos de las funciones y desarrollo de las mismas de los profesionales encargados de la Intervención Comunitaria a la que los Fondos Europeos de las que se nutren, por cierto, les obligan Preguntada por sus funciones nos reiteran con absoluto desconocimiento, las funciones relativas a las trabajadoras sociales municipales como si ser Oficina Integral de Rehabilitación no tuviera funciones propias.

Ante nuestra petición del número de familias atendidas y especialmente nuestra preocupación más severa, el número de familias vulnerables o en situación de riesgo eluden la responsabilidad y manifiestan desconocer el número ni la identidad de dichas familias.

Endesa tiene los datos de consumo y está obligada a darlos, Avra tiene la obligación de denuncia de la comisión de delitos contra el derecho a la vivienda y contra la defraudación de fluido eléctrico. Los Fondos Europeos exigen una auditoría pero también una intervención social paralela. La Judicatura y los Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la obligación como poderes públicos de colaborar y atender al destino habitacional de las viviendas. En concreto el art. 1 apartado 5 expresa que “El ejercicio de las potestades de inspección y sanción de las infracciones tipificadas en materia de vivienda se constituye en garantía legal del efectivo cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada. La Consejería con competencia en materia de vivienda ejercerá, en lo que se refiere a viviendas deshabitadas, las potestades de declaración, inspección y sanción, a fin de garantizar el derecho a la vivienda y el efectivo uso residencial de aquellas”.» Y a la vista de los resultados ninguno está acometiendo sus funciones y por tanto están actuando de manera cómplice en la desatención y el desarrollo del derecho a la integridad de miles de familias.

Según la ley 1/2010 de 8 de marzo son indicio de no ocupación según el art. 26 los datos de padrón, consumos anormales, recepción de correos y notificaciones en otros lugares, declaraciones de otros titulares de vecindad, toda ella infomación de la que disponen el Ayuntamiento y también la Agencia de Vivienda. Consta así mismo en el art. 53 como infracciones muy graves el no dar efectiva habitación a la vivienda e incumplir el deber de conservación y rehabilitación previsto en el art. 17.2 si supone un riesgo para la seguridad de las personas, datos de los que disponen y que están omitiendo, concluye la Concejala Pilar Rivas.

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