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Pilar Rivas denuncia que la inacción del Equipo de Gobierno en materia de vivienda deja desprotegidas a las familias en riesgo de exclusión residencial

No disponer de un Plan de Vivienda Municipal que fomente el alquiler social y la vivienda pública está dejando en manos de los intereses bancarios la regulación del derecho a la vivienda

Pilar Rivas durante la rueda de prensa

Pilar Rivas considera que la pregunta que el Ayuntamiento debe hacerse es si queremos que el mercado de vivienda siga regido por la expeculación o apostamos por la vivienda como derecho.

Mientras las familias en situación de exclusión residencial crecen exponencialmente sin respuestas por parte de la administración, ni Junta ni Ayuntamiento; los bancos se saltan los códigos de buenas prácticas vendiendo sus créditos inmobiliarios a los fondos buitre que no tienen ninguna obligación de seguirlos, explica Rivas. Ellos siguen haciendo negocio con las viviendas, provocando que el precio del alquiler siga subiendo de forma disparatada, (un 8% en el primer trimestre del año y un 18% en el útlimo año) y promoviendo la reactivación de las hipotecas, evitando las clausulas abusivas pero con condiciones leonilas, hasta un 2% más Euribor en interés variable , vuelven a dar todo tipo de facilidades y continúan con sus prácticas opacas, sentencia. ¿Qué ocurrirá si el precio del dinero sube, cuantas familias volverán a ser desahuciadas entonces? Misma política que nos colocó donde estamos y nadie que las frene.

El Santander pone a la venta 6000 millones en activos inmobiliarios, Caixa Bank el 80% de sus activos problemáticos valorado en 7000 millones, Sabadel al fondo noruego de créditos fallidos valorados en 900 millones. Especialmente nos preocupa la venta de activos de Caixa Bank el único con un programa de alquiler social única respuesta más o menos estable que ofrece nuestro Ayuntamiento ante las situaciones de desahucio. Esta entidad a firmado un acuerdo por el que su inmobiliaria Servihabitat seguirá gestionando el parque de vivienda durante cinco años, para empezar a rescindir los contratos, qué ocurrirá con estas familias debíamos estár preguntándonos. ¿Qué respuesta prevee nuestro Ayuntamiento?

Junto a otras variables, todo esto no hace sino encarecer el mercado inmobiliario en alquiler que lejos de autorregularse por la ley de la oferta y la demanda está orquestado por quienes tienen los datos y estadísticas que desde luego no es la Administración, que de moverse lo hace por intuición, sino los operadores privados.

Tenemos un Plan Andaluz de Vivienda que nos daba plazo y subvención hasta agosto del 2017 para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda. Córdoba, Málaga o Huelva ya están en ello, mientras Granada seguimos dedicados a las fotos en las portadas de los periódicos. En Marzo de 2017 el Ayuntamiento se sentó con Caja Rural, Bankinter, BBV, Mare Nostrum, Banco Popular, CaixaBank, Santander, Bankiter y Triodos en una reunión donde las entidades bancarias mostraron su disposición a trabajar para que la gestión de ese parque de vivienda que hoy está en manos de los fondos buitres pasara a disposición municipal con facilidades por parte del Ayuntamiento. Como es posible que aquello se dejara dormir el sueño de los justos.

Y mientras las familias viven con la angustia diaria de ser desahuciadas, 1339 desahucios en el 2017 de los que 577 son por impago de alquiler. Granada necesita respuestas al derecho a la vivienda, a la gentrificación y a la degeneración de los barrios, necesitamos un Plan Municipal que haga un diagnóstico acertado y que evalúe el impacto de las políticas especulativas de bancos y fondos de inversión. Solo la apuesta certera de las administraciones dara respuestas a las ciudad.

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