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Pilar Rivas acudirá al Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar los retrasos en la puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción

Las respuestas del Equipo de Gobierno Municipal a nuestras preguntas no han sido más que dar largas y defender a la Junta
No podemos tolerar el nivel de abandono en el que se encuentran las familias granadinas por parte de las administraciones, el nivel de precariedad en la que viven y en la que son atendidas nos obliga a denunciar la situación ante el Defensor del Pueblo ante lo que entendemos como algo más que negligencia por parte del Ayuntamiento que prefiere defender a la Junta de Andalucía antes que a sus ciudadanos.

Llevamos desde Junio del pasado año, fecha en la que conocemos de la redacción del Decreto, Comisión tras Comisión exigiendo respuestas al equipo de gobierno, primero relativas a la aprobación de una medida que no venía a cambiar en lo sustancial al extinto Salario Social, también en las formas de implementación y los agentes encargados de su tramitación y la falta de previsión de la dotación de recursos humanos para ello, que iba a suponer de facto la imposibilidad de solicitarlo para muchas familias y por último en la excesiva demora en su puesta en funcionamiento, de la que llevamos quejándonos tres meses, justifica Rivas.

El pasado mes de Diciembre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 3/2017 que establece la Renta Mínima de Inserción dando carpetazo al extinto Salario Social. Una medida dotada de 198 millones de euros frente a los 600 que según organizaciones como Save The Children considera que serían necesarios para acabar con la pobreza infantil en Andalucia. 87 mil parados en la provincia de Granada de los que solo perciben prestación, contributiva o no, el 70%. Es decir cerca más de 26 mil personas son susceptibles de percibir la renta mínima de inserción. Sin embargo, a cuatro meses de su aprobación aún no la ha recibido nadie, lo que significa que ese presupuesto, ya deficiente de por sí, no se ejecutará en su totalidad afirma la Concejal Pilar Rivas.

Estamos hablando de familias que ya no disponen de ningún medio de subsistencia. Familias que en su gran mayoría son mujeres solas con cargas familiares, destacar que un alto porcentaje de estas mujeres son desplazadas por obligación de su entorno habitual y por tanto tampoco cuentan con una red de apoyo comunitario, desplazadas a veces por situaciones de maltrato, a veces a la búsqueda de trabajo otras veces por imposibilidad de hacer frente al pago de una vivienda, cada vez más cara por cierto. Es intolerable que al Psoe se le llene la boca hablando de Pacto de Estado y que desde Andalucía se eleve la cabeza exigiendo presupuesto a nivel estatal mientras dejamos a su suerte a miles de mujeres en nuestra tierra.

Mientras tanto las respuestas del Equipo de Gobierno Municipal a nuestras preguntas no han sido más que dar largas y defender a la Junta. La actuación a nuestro entender negligente, no se ciñe a respaldar a la Junta, tampoco la gestión dentro del Area de derechos sociales da respuesta a la angustia de quien no tiene para pagar el alquiler . El pasado mes de marzo, la concejala de Derecho Sociales presumía de los 450 mil euros destinados a ayudas económicas familiares y de emergencia. No puedo dejar de señalar que esos 450 mil euros vienen a suplir la absoluta dejadez e incompetencia de la Junta en materia de vivienda y la falta de un plan municipal de vivienda ya que en su mayoría ese dinero a pagar deudas y adelantos para nuevos alquileres, pero lo que aquí vengo a resaltar es que además esas ayudas que a lo sumo te cubren uno o dos meses de alquiler pueden tardar hasta cuatro meses.

Puesto en evidencia la urgencia y la importancia de este tema no dudamos en estar haciendo lo correcto y elevar nuestra denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz que estamos seguras se hará eco de nuestra preocupación e iniciará las acciones oportunas para que la implementación de esta prestación, una prestación que es a todas luces absolutamente insuficiente pero imprescindible para paliar los efectos del paro y de la precariedad laboral de tantas familias granadinas.

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