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La Coordinadora Granadina de ONGDs denuncia que el pacto de Gobierno PP-Vox-Ciudadanos amenaza algunos derechos humanos fundamentales

La CONGRA pone en evidencia que el pacto de Gobierno en Andalucía amenaza con revertir algunos derechos fundamentales e impide los pasos necesarios para lograr una sociedad más justa

El acuerdo al que han llegado los tres partidos andaluces que han pactado la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, incluye un abordaje amenazante para derechos ya consolidados en Andalucía. La CONGRA señala, al menos, los cinco siguientes:

La migración: La forma en que ha sido tratado este tema en las negociaciones de los tres partidos, transmite una idea amenazante de las personas migrantes. Pone en cuestión el derecho de las personas a buscar protección y una vida mejor. Ignora las razones por las que huyen de los efectos del cambio climático o de la violencia, y asocia la acogida digna al “efecto llamada”. No habla para nada de los acuerdos internacionales adoptados desde hace años para proteger a personas desplazadas y refugiadas.

La sociedad civil: Los acuerdos sospechan de las organizaciones marcadas ideológicamente. Amenazar con excluir de subvenciones a organizaciones con determinada orientación ideológica, es arbitrario. La sociedad civil reivindica derechos y libertades y lo hace bajo presupuestos ideológicos individuales o grupales que hacen avanzar a la sociedad. Despreciar una ideología o definir el bien público en función de la cercanía ideológica es limitar la democracia.

La cooperación: La propuesta de centralizar la ayuda oficial al desarrollo recorta las posibilidades de luchar contra la pobreza y de actuar en crisis humanitarias como Andalucía lo hace desde hace muchos años, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Dar fin a la cooperación andaluza es anular el trabajo de 270.000 personas socias y 7.430 voluntarias que forman parte de casi 70 ONGD. Como dice Oxfam Intermón, a través de ellas, Andalucía apoya a más de 17,5 millones de personas en 66 países de Asia, África y Latinoamérica mediante de proyectos de servicios sociales básicos (educación, salud, abastecimiento de agua y saneamiento), mejora del buen gobierno, apoyo a organizaciones de la sociedad civil, agricultura, seguridad y soberanía alimentarias, o ayuda humanitaria como por ejemplo a los refugiados en Irak o Siria.

Justicia fiscal: Los acuerdos proponen una bajada de impuestos. Este recorte beneficiaría a las rentas más altas, poniendo en peligro la financiación de políticas públicas como la educación, sanidad, dependencia. Recordemos que la política fiscal es uno de los instrumentos más potentes con los que cuenta un Estado para redistribuir la riqueza y lograr una sociedad más igualitaria.

Violencia machista: Y finalmente, consideremos muy grave el discurso de recortar los derechos de las víctimas de violencia machista, minimizando la gravedad de una situación tan dramática. La protección de las mujeres frente a la violencia machista no puede quedar en el aire. Debe garantizarse con un presupuesto que dote de medidas efectivas la necesidad de la seguridad de las mujeres. Por este motivo La CONGRA se suma a la convocatoria prevista para el próximo 15 de enero bajo el lema “Nuestros derechos no se negocian. ¡Ni un paso atrás en igualdad!”.

Por todos estos motivos, la CONGRA pide a nuestros gobernantes que recapaciten sobre el efecto que pueden tener las medidas que adopten en los derechos de las personas más vulnerables y anima a la sociedad granadina a estar vigilantes ante la potencial pérdida de derechos.

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