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La CGE se opone al incremento de la presión fiscal planteado en el presupuesto del Ayuntamiento de Granada

Gerardo Cuerva asegura que la ciudad “necesita de pequeñas, medianas y grandes empresas para seguir creciendo”

La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha mostrado hoy su oposición a la propuesta de presupuestos del Ayuntamiento de Granada, basada en unas ordenanzas que elevan la presión fiscal y que pueden suponer una “barrera” para la actividad empresarial y el crecimiento económico de la ciudad.

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, ha lamentado que el Ayuntamiento de Granada vuelva a lanzar una propuesta centrada en la subida de las ya altas cargas impositivas que soportan los empresarios y los autónomos. “Lamentamos que el equipo de Gobierno municipal considere que subir los impuestos es la única vía para aumentar el presupuesto, en lugar de aplicar una política real de contención del gasto o de afrontar la optimización de los recursos del Consistorio”, ha asegurado Gerardo Cuerva.

La CGE ha reiterado su desacuerdo con la modificación del IBI, que subirá de forma general por la actualización de los valores catastrales y que, además, incrementará los tipos más de un 42% en el caso de los inmuebles dedicados a actividades comerciales, industriales, de ocio y hostelería, oficinas, estacionamientos y edificios singulares. Si prospera la propuesta del Ayuntamiento, estos inmuebles pasarán de abonar un tipo del 0,7% a pagar un 1%, “castigando” así la actividad de las grandes empresas, que actúan como “locomotoras de la economía” de Granada. “La ciudad de Granada necesita de pequeñas, medianas y grandes empresas para seguir creciendo”, ha apuntado Cuerva.

En ese sentido, el presidente de la CGE ha criticado la “contradicción” implícita en la propuesta de los presupuestos municipales. “No podemos pretender que grandes empresas se instalen en Granada cuando, a la vez, estamos aumentando las cargas fiscales que tienen que soportar”, ha subrayado Gerardo Cuerva, apuntando que la subida del IBI puede suponer que esas compañías internacionales que están pensando en Granada elijan otra ubicación menos perjudicial para sus cuentas, incluidos otros municipios del Área Metropolitana. “Las ordenanzas fiscales deben ser una herramienta municipal para atraer empresas e inversión, no pueden ser una barrera para la entrada de nuevas compañías y comercios”.

La CGE también ha denunciado que los empresarios siguen financiando la actividad del Ayuntamiento, que registra “insoportables” retrasos en el pago a proveedores. El periodo medio de pago del Consistorio supera ya los 189 días, lo que convierte al Granada en uno de los ayuntamientos de España que más tarda en pagar a sus proveedores. “Las empresas y autónomos no deben ser quienes financien a las administraciones”, ha apuntado Gerardo Cuerva.

En ese sentido y a modo de ejemplo, en el sector de la construcción destaca la modificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que implica nuevamente que los empresarios financien la actividad municipal. La propuesta de ordenanzas pretende adelantar el pago de este impuesto a la solicitud de la licencia, un anticipo que obligaría a los empresarios a inmovilizar importantes cantidades de dinero durante un plazo indeterminado a favor del Ayuntamiento de Granada.

Por último y desde un punto de vista formal, la Confederación Granadina de Empresarios señala que trocear las ordenanzas es una práctica que dificulta su conocimiento por parte de empresas y autónomos, que ya afrontan una absoluta vorágine normativa por parte de todas las administraciones.

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