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Juez cita a declarar este martes a seis investigados en el caso de las audioguías de la Alhambra

Las declaraciones serán a partir de las 9,45 horas, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, y también están citados la exsecretaria general de la Alhambra Victoria Chamorro
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el llamado caso de las audioguías de la Alhambra, tiene previsto tomar declaración este martes a seis de los investigados en la causa, entre ellos la que fuera directora del monumento, María del Mar Villafranca, después de que así lo solicitara la Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular.

Las declaraciones serán a partir de las 9,45 horas, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, y también están citados la exsecretaria general de la Alhambra Victoria Chamorro y el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del patronato que gestiona el monumento, José María Visedo.

Todos ellos, hasta un total de seis personas, volverán a declarar de nuevo en calidad de investigados este martes después de que ya lo hicieran hace unos meses, defendido la legalidad de su gestión.

En esta causa se investigan posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en torno a las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación del servicio de audioguías de la Alhambra, considerado el monumento más visitado de España, un asunto por el que en dimitió en 2015 la directora del monumento, María del Mar Villafranca.

Este mismo Juzgado dictó la semana pasada un auto en relación a la investigación que ha derivado de este caso y que supuso a principios de mayo la detención de 26 personas por supuesta adjudicación fraudulenta de otros contratos en la Alhambra.

Entre ellos se encuentran también Villafranca, Chamorro y Visedo, aunque aún no ha trascendido la fecha en la que los 28 investigados –el juez sumó dos más en su auto–, serán citados a declarar por este asunto. En este escrito, el juez aludía a una presunta “trama corrupta” que habría ocasionado un perjuicio a las arcas públicas de 5,8 millones de euros, según sus primeras estimaciones.

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