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IU exige responsabilidades por el derribo de la casa Yanguas de Motril

El derribo de la casa Bermúdez de Castroes una muestra más de la posición del gobierno del PA-PSOE a favor de intereses particulares 

A pesar de estar recogida como bien a proteger en el Avance del Plan Especial de Protección del Casco histórico de Motril elaborado por el Área de Urbanismo en julio de 2016, los mismos responsables técnicos que firmaron dicho plan han decidido ahora su demolición. La Casa Bermúdez de Castro se incluye en el Avance de dicho Plan con un nivel de protección grado 1 “Conservación para rehabilitación”, lo que viene a evidenciar, al menos, la incoherencia del equipo de gobierno cuando no la dejación de funciones en su obligación de proteger el patrimonio de la ciudad.

Daniela Paqué, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida ha rechazado este modo de actuar, señalando que comparte la indignación de los miles de motrileños y motrileñas que no pueden entender cómo la irresponsabilidad y la incompetencia de sus gobernantes se lleva por delante los escasos espacios urbanos con valor histórico y arquitectónico que aún quedan en la ciudad.

La portavoz de IU ha señalado al Área de Urbanismo municipal, que actúa como un reino de taifas dentro del Ayuntamiento de Motril, llevando a cabo actuaciones a espaldas de los grupos municipales y hurtando información a vecinos, comerciantes y a la ciudadanía.

Daniela Paqué ha señalado que su formación va a reclamar en el próximo Pleno municipal que cualquier actuación que tenga consecuencias para el patrimonio de la ciudad sea previamente abordada con los diferentes grupos municipales para buscar y consensuar las soluciones adecuadas.

Lo más grave de todo, ha continuado Paqué, es que estas actuaciones son irreversibles, no tienen vuelta atrás por lo que se actúa con total impunidad. Algo que desde IU se pretende evitar, poniendo en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía estas actuaciones al tiempo que sus servicios jurídicos valorarán la adopción de los recursos judiciales a que dichas actuaciones puedan dar lugar.

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