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IU denuncia que el PP pretende cobrar a los ciudadanos por ser atendidos por los servicios sociales

Maite Molina critica que el PP de Granada quiera implantar en el nuevo reglamento de servicios sociales el ‘repago’, lo que, para la edil, “viola todos las normas existentes que garantizan el acceso público, universal y gratuito a las prestaciones sociales”

Maite Molina en rueda de prensa

Maite Molina en rueda de prensa

La concejala de IU en el Ayuntamiento de Granada, Maite Molina, ha censurado hoy el borrador del reglamento de organización y funcionamiento de los centros de servicios sociales que pretende aprobar el PP en la ciudad de Granada, “implantando contra toda normativa el repago en los servicios sociales”. Molina ha manifestado que los ciudadanos granadinos ya pagan con sus impuestos municipales el acceso a los servicios sociales, por lo que IU entiende que se vuelve a cobrar por la prestación de servicios sociales públicos municipales “que son básicos, deben ser servicio público 100%, universales, gratuitos y que son garantía de acceso en igualdad de condiciones para todo el mundo”.

La concejala ha indicado que el PP ha presentado un borrador de reglamento a los centros municipales de servicios sociales “que supone un claro atentado al acceso a servicios fundamentales, que va a provocar grave discriminación social y que va a empobrecer y aislar aún más a los colectivos sociales en situación de exclusión social”. Además, informa también de que en el borrador se recoge la participación en la prestación de servicios de la iniciativa privada, lo cual, a juicio de la organización, “define claramente el espíritu privatizador, recaudador y antiderechos sociales de este reglamento y del concepto y del trato que el PP da a los servicios sociales”. Por todo ello, Molina ha anunciado que cuando el mencionado borrador llegue a su grupo municipal presentarán un bloque de enmiendas “porque es totalmente inadmisible la regulación local enfrentándose a toda una normativa que impide el repago en los servicios sociales y que, además, en lugar de hablar de derechos y prestaciones básicas los califica como “catálogo de servicios”, como si en lugar de un derecho estuviera ofreciendo una cartera de prestaciones privadas”. Asimismo, la edil de IU ha indicado que “el PP está cumpliendo a pies juntillas la reforma de la ley de la administración local, que es un ataque directo al municipalismo y a la prestación de servicios sociales de proximidad a la ciudadanía”.

Por otro lado, Molina ha puesto de relevancia la obligación por parte del PP a que los trabajadores de los servicios sociales, alrededor de 300 en Granada, asuman esta normativa, así como la posibilidad de que se pongan en peligro sus puestos de trabajo “a lo que desde IU nos oponemos radicalmente”.

Maite Molina ha mostrado su disconformidad con la Delegación de Bienestar Social, a la que ha calificado de “usurera, negociante, irresponsable y mercantilista”. La edil advierte de que podría exponerse a una demanda del Consejo General de Trabajo Social Estatal “por atentar contra la población más vulnerable de la ciudad de Granada, contra lo público, contra derechos fundamentales”.

Para IU, esta iniciativa supone que el Ayuntamiento viola la carta de derechos fundamentales en materia de políticas sociales de la UE, la declaración universal de los derechos humanos, la C.E, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el artículo 9 de la Ley de Autonomía local de Andalucía, la LAULA, la Ley de bases del régimen local, la Ley de servicios sociales de Andalucía, y el Decreto 11/92 de prestaciones básicas de servicios sociales de Andalucía.

Por último, Maite Molina ha argumentado el Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado implantar finalmente este pago por ser atendido en los servicios sociales, y añade la sentencia del TSJ de Valencia hacia esta misma intención de cobrar por el acceso a unos servicios que son universales y gratuitos, “porque vulneran el principio de reserva de ley, el de legalidad en materia tributaria y el de jerarquía normativa, y porque efectivamente no se puede establecer precio público por servicios asistenciales básicos e imprescindibles”.

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