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Investigan a un pastor por el envenenamiento de 15 buitres leonados en la Sierra de Zafarraya

Se trata de un pastor de la zona al que se atribuye un posible delito contra el medio ambiente

Ejemplar de Buitre Leonado (JORDI BAS)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha identificado a un pastor como presunto responsable de la muerte de 15 buitres leonados que fueron envenenados a finales del pasado septiembre en la Sierra de Zafarraya (Granada), un acto sin precedentes en la última década en esta provincia.

Se trata de un pastor de la zona al que se atribuye un posible delito contra el medio ambiente, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

En la autopsia practicada a los cadáveres de los animales se ha encontrado un tipo de veneno llamado carbofurano que ha sido señalado como causa de la muerte, extremos todos ellos que la Guardia Civil ya ha trasladado al Juzgado.

Los animales fueron encontrados el pasado 28 de septiembre por un guardia forestal encargado de la vigilancia de la Sierra de Zafarraya, el cual se percató de los comportamientos extraños de una camada de buitres leonados que cuando intentaban emprender el vuelo caían al suelo.

Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados al centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Málaga para determinar la causa de la muerte, aunque ya los primeros indicios apuntaban a un envenenamiento con un cebo de carne de oveja.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, cuyo departamento también inició una investigación, lamentó que en algunas comarcas andaluzas “todavía se produzcan episodios de este tipo” y opinó que quien lo hace esto es un terrorista ambiental que pretende hacer daño al medio natural cebándose contra la fauna”.

Ya en diciembre de 2015 un juzgado de Granada condenó a otro hombre por el envenenamiento de dos ejemplares de quebrantahuesos en el parque natural Sierra de Castril a indemnizar con la cantidad de 6.000 euros a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por un delito contra la flora y la fauna, y a una pena de seis meses y una multa. El hombre también fue inhabilitado para cazar o pescar por un periodo de quince meses.

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