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Asesor jurídico de Emucesa ratifica ante el juez su informe sobre las ‘contrataciones fantasma’

Este asesor ha confirmado que estos contratos de alta dirección fueron suscritos sucesivamente por los que eran consejeros delegados en ese momento

María Francés, durante una rueda de prensa.

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha iniciado este martes la toma de declaraciones en relación a las supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en Emucesa durante la etapa del gobierno del PP y lo ha hecho con el asesor jurídico de esta entidad, el cual ha ratificado los informes en los que alude a que cinco de estas personas nunca llegaron a realizar trabajos para la sociedad, encargada de la gestión del cementerio.

Este asesor, que ha declarado en calidad de testigo, ha confirmado que estos contratos de alta dirección fueron suscritos sucesivamente por los que eran consejeros delegados en ese momento, el exconcejal del PP Eduardo Moral y la todavía edil en el Ayuntamiento de Granada, María Francés, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Ambos están citados a declarar este mes en calidad de investigados por este asunto, que tanto ellos como Emucesa ha denunciado ante el Juzgado a raíz de éste y otros informes técnicos referidos a contratos de alta dirección realizados entre 2003 y 2012.

En su declaración, el asesor ha señalado ante el juez que de un total de siete personas, sólo una de ellas había realizado trabajos para la empresa y físicamente había asistido a la sede de la entidad, que entonces era cien por cien pública. Y que salvo uno de ellos, el resto de contratos tenía fijado su lugar de trabajo en la entidad, sin perjuicio de acudir a otros enclaves si era necesario.

Ha agregado que, entre sus facultades, a los consejeros delegados les era viable la contratación en cuantía máxima de hasta 300.000 euros, según han agregado las mismas fuentes.

En el escrito que Emucesa presentó ante el Juzgado se precisó que una de las personas contratadas ha reintegrado a la empresa los 16.863 euros a los que ascendió el coste de su contrato. Los técnicos han cifrado en unos 300.000 euros el coste total de estos contratos presuntamente irregulares.

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