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Alcalde de Ogíjares pide “una solución” para viviendas protegidas ocupadas, foco de “inseguridad” en el centro

La situación afecta a las viviendas de dos plantas de uno de los cuatro portales de un conjunto de viviendas protegidas dirigido a personas de más de 65 años

El alcalde, Francisco Plata, y el primer teniente de alcalde, Vicente Aguilera, posan con el nuevo logo

El alcalde de Ogíjares, Francisco Plata, ha pedido a la empresa provincial de vivienda y suelo Visogsa que dé “una solución” a la ocupación de varios pisos de un bloque de su propiedad por familias de jóvenes con niños, lo cual ha dado lugar a un foco de “inseguridad” y de “venta de drogas” en el centro de este municipio del área metropolitana de Granada.

La situación afecta a las viviendas de dos plantas de uno de los cuatro portales de un conjunto de viviendas protegidas dirigido a personas de más de 65 años, que ha sido ocupado por estas personas, mientras en las otras puertas viven mayores “sin ningún problema”.

Sin embargo, según ha indicado Francisco Plata en declaraciones a Europa Press, los distintos okupas que han pasado por los citados pisos han “destrozado” el edificio de ese portal, con un ascensor y paredes rotas, y sin suministros básicos.

“Todo el mundo tiene derecho a una vivienda”, pero “viviendo de una forma civilizada”, ha señalado Francisco Plata, que ha explicado que el Ayuntamiento de Ogíjares está trabajando junto con Visogsa para abordar esta problemática.

Fuentes de Visogsa consultadas por Europa Press han señalado, en este sentido, que se buscan alternativas de vivienda para las cuatro familias que actualmente están ocupando ilegalmente estas viviendas, a través de programas sociales.

En Visogsa aseguran que la empresa pública “se limita a cumplir la normativa y garantizar que las familias con necesidad de vivienda puedan acceder a ellas”, de acuerdo con el registro de demandantes, que gestiona el Ayuntamiento.

Simultáneamente tiene en marcha distintos programas para evitar situaciones de exclusión a través del área de Bienestar Social de la Diputación, y ayudar a aquellas familias que no tienen recursos o que necesitan una vivienda.

La empresa pública Visogsa, como propietaria de las viviendas, ha tomado desde el primer momento todas las medidas legales para preservar la propiedad de los inmuebles. Se trata de viviendas protegidas “a las que se debe acceder a través de un procedimiento regulado y de acuerdo a la normativa legalmente establecida”.

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